“La nueva constitución supone una vuelta al pasado. Va a ir cambiando paulatinamente la vida de Hungría hasta convertirla en un Estado totalitario”, aseguraba el periodista húngaro-austríaco Paul Lendvai en la televisión franco-alemana ARTE. De un día para otro, el gobierno húngaro despidió a 228 jueces de los mas altos tribunales y los sustituyó por otros, más acordes a “los nuevos tiempos”. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, del partido de extrema derecha Unión Cívica Húngara (Fidesz) prometió durante la campaña electoral cambiarlo todo de raíz para sacar a Hungría de la crisis. En la segunda vuelta de las elecciones, en mayo de 2010, un 70% de los votos fueron favorables a esta formación política (en la primera obtuvo un 53%).
Poco después de llegar al poder Orbán propuso la creación de una constitución que ha sido muy criticada y finalmente aprobada en enero. En ella no se menciona la palabra “república”, pero Dios aparece en numerosas ocasiones, entre menciones sobre la historia y el destino grandioso de Hungría.
La nueva carta magna prohíbe el aborto y reconoce como únicas familias posibles las heterosexuales casadas. También pone en cuestión la independencia del Tribunal Constitucional, que ya no podrá regular en materias como los presupuestos o la deuda, algo que ha enfrentado al Gobierno de Orbán con la UE. Además, prolonga el mandato de jueces y fiscales, en algunos casos hasta nueve años, como medio para asegurar a Fidesz una continuidad en el poder en el caso de perder las siguientes elecciones. A raíz de este cambio en la carta magna, otras leyes han sido rápidamente modificadas provocando el abaratamiento del despido, bajadas de salarios y pensiones, la criminalización de la indigencia o la anulación del derecho a huelga. Hasta 16 nuevas leyes fueron aprobadas la última semana del año sin debates ni preguntas parlamentarias.
Hacia el trabajo esclavo
Una de las nuevas reglas más llamativas es la obligatoriedad del trabajo para los parados de larga duración, entre los cuales hay un alto porcentaje de rom (ciudadanos de etnia gitana), dentro de campos de trabajo cerrados y vigilados, como cuenta el periódico del sindicato anarquista alemán FAU, Direkteaktion (Acción Directa) en su número de enero.
El discurso del partido en el poder supone una amenaza no sólo para los gitanos, sino también para los 100.000 judíos que viven en Hungría. El gobierno declaró la “guerra a los bancos”, queriendo escenificar una fuerza de prueba nacional frente a las intervenciones extranjeras. Entre las fuerzas financieras que se mencionan aparecen “los judíos” como corresponsables del desastre financiero global.
Aunque el primer ministro se empeñe en ensalzar la gloria nacional, crece el sentimiento de insatisfacción en el país. En diciembre y enero tuvieron lugar manifestaciones de miles de ciudadanos que, ante las puertas del parlamento, exigían la revocación de la nueva carta magna.
Hasta ahora no ha habido repulsa pública al carácter autoritario de la nueva constitución desde la Unión Europea, que ha asegurado que comprobará si se ajusta a las leyes europeas o supone algún tipo de lesión de los acuerdos. La Comisión se preocupa por otros asuntos más prácticos que la libertad, y le dio un ultimátum para que redujese el déficit. Orbán lo arregló eliminando 6.300 plazas de funcionarios a partir del 18 de enero.
Libertades suspendidas
Carl Rowlands, en un artículo reciente en New Left Review, explica que Hungría no es una anomalía en una Unión Europea que ha visto como la democracia quedaba suspendida en Grecia o en Italia. “Los cambios en Hungría son indefendibles, pero si damos un paso atrás y miramos al Reino Unido, podemos ver movimientos similares en progreso, menos obvios, más meditados y larvados”, explica Rowlands, quien destaca cómo el auge de la coalición Fidesz se ha basado en una “nueva” clase capitalista doméstica establecida en los ‘90 durante la transición desde el comunismo, formada principalmente por constructores y rentistas.
